El uso de la fuerza pública

Publicado en El Guardián, octubre 14, 2006.


JMB

Escribe Luis González de Alba: “un niño golpeado por el padre ha recibido un traumatismo, dice el médico. Si los golpes son particularmente feroces también ha quedado traumatizado, dice el sicólogo. Lo que no se ha estudiado, hasta donde sé, es el trauma que también sufre el padre golpeador cuando vuelve en sí de su acceso incontrolado de furia” (Letras Libres, número 94, p. 28).

Esta metáfora sirve para ilustrar lo que ha sucedido en México desde 1968 respecto a la aplicación de la ley: la población se opone al uso de la fuerza pública, pero suele exigir castigos corporales como la pena de muerte para ciertos delitos. Más aún: el gobierno sabe que necesita usar la fuerza pública en algunos conflictos, pero prefiere no recurrir a ella para no ser catalogado como “represor”.

Este tema ha tomado fuerza en la opinión pública por acontecimientos recientes como la toma del centro de Oaxaca por integrantes de la APPO, así como por el bloqueo que simpatizantes de la Alianza por el Bien de Todos hicieron en algunas de las principales calles de la Ciudad de México durante más de 40 días.

Frente a estos hechos muchos mexicanos no han dudado en solicitar la intervención inmediata de los cuerpos policíacos, tanto locales como federales, para resarcir lo que en su opinión es una violación al derecho de libre tránsito de las personas. En contraste, aquellos que han participado de manera activa o que simpatizan con este tipo de actividades se justifican afirmando que sólo ejercen su legítimo derecho a manifestarse. Visto de manera fría, ambos tienen razón. Pero no toda. De esta forma, la lógica impone la búsqueda del punto medio entre estas posiciones para paliar el conflicto.

En efecto, una de las enseñanzas de este tipo de fenómenos es que la democracia está compuesta por una serie de puntos de equilibrio. Los mismos que son más difíciles de obtener frente a la simpleza de irse a los extremos.

En el caso de la violencia legítima del Estado también es aplicable. Por años, los fantasmas del 2 de octubre de 1968 y del jueves de Corpus de 1971 han perseguido la acción de las fuerzas del orden mexicanas. Ante los excesos cometidos en aquellas ocasiones lo que ha permanecido ha sido un sentimiento de culpa que conduce a la inmovilidad. Tanto en los gobiernos priístas como –de manera lamentable—en la actual administración.

Sin embargo, esta parálisis puede resultar más perjudicial que la toma de decisiones. La gobernabilidad democrática exige el uso de la fuerza pública en determinados momentos con el fin de garantizar la permanencia de la misma.

Un ejemplo que será recordado por mucho tiempo sobre el asunto es el de la caída del principal proyecto del gobierno que está por concluir: el aeropuerto internacional alterno de la Ciudad de México.

En esa ocasión un grupo de personas armadas con machetes impidió la construcción de esta obra. Más allá de la pésima negociación y manejo político que caracterizó a tal gestión pública, el hecho a destacar consiste en que, aún siendo un gobierno elegido de manera democrática, con altos índices de legitimidad y ajeno a la herencia de 1968 y 1971, a pesar de lo anterior, la administración Fox continuó experimentando este trauma mencionado por González de Alba.

Los resultados fueron contraproducentes. Por un lado, se tuvieron que realizar obras de “ampliación” del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que aún no concluyen y que sólo han postergado la necesidad de contar con una nueva terminal aérea. Por el otro, se creó un movimiento social cuyas demandas desbordaron el tema de las tierras ejidales y que hace unos meses fue reprimido de manera brutal, según los reportes emitidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Tal y como afirmé líneas arriba, la democracia consiste en una serie de puntos intermedios. En términos coloquiales, ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre. La no acción no es la mejor estrategia para resolver conflictos. De hecho, como se ha visto en el caso de Atenco, suelen conducir a la acción extrema.

¿Qué hacer entonces? Actuar de manera preventiva con el apoyo de visitadores y relatores de Derechos Humanos puede ser una alternativa. Exorcizar los fantasmas de la décadas de 1960 y 1970 es algo urgente.

Post Scriptum

En el mismo número de la revista citada al inicio de este texto ha aparecido un reportaje de Cynthia Ramírez sobre la Convención Nacional Democrática que el 16 de septiembre pasado “nombró” a Andrés Manuel López Obrador presidente de México en el Zócalo. El texto es interesante porque demuestra con datos duros lo dudoso de dicho acto: en ocho segundos se declaró la “abolición del régimen” y en 2.8 minutos se “eligió” al nuevo gobierno.

Sin embargo, en uno de esos datos duros se ha equivocado Ramírez. En el apartado de "Asambleas populares" aparece lo siguiente:

“Los miembros del movimiento ‘Reindependencia y refundación de la República’, de Huauchinango, Hidalgo (sic), afirmaron haberse reunido en ‘asamblea popular’ por lo menos en dos ocasiones: la primera para discutir los puntos de la Convención Nacional Democrática. Ramiro Hernández, dirigente de esta organización, afirma que el punto más candente fue el de decidir si López Obrador sería presidente de la República o coordinador de la Resistencia, y con orgullo señala que ‘en consenso de todos los compañeros’ se decidió votar por la Coordinación, con una candorosa ingenuidad; en la segunda ocasión, se reunieron para preparar la logística del viaje a la Ciudad de México” (Ibídem, p. 41).

La duda aquí es si realmente se refiere a Huauchinango, Puebla, o si bien se trata de algún pueblo de Hidalgo con nombre parecido al de esta ciudad.

En cualquier caso, la idea de “Reindependencia y refundación de la República” desde la Sierra Norte llama la atención porque es un objetivo que ni siquiera los héroes tradicionales de la región se plantearon durante su paso por esta existencia.