De las modificaciones al Servicio Profesional de Carrera

Un asunto netamente burocrático es el del Servicio Profesional de Carrera, el modelo que ha sido implementado desde 2003 en México y por el que se busca contar con funcionarios públicos profesionales, capaces, sin vínculos ni dependencias partidistas y, sobre todo, que garanticen la correcta marcha de las funciones del Estado y la administración pública.

Todos los que somos burócratas hemos oído hablar de él. Algunos están dentro y otros fuera. En el primer grupo encontramos a aquellos que ocupan plazas desde el nivel de enlace hasta el de director de área. En el segundo a los operativos y, de acuerdo con la reciente modificación que realizó la Cámara de Diputados a la Ley correspondiente, a los directores generales, a los directores generales adjuntos y a sus homólogos, así como a todos los demás puestos superiores jerárquicos (subsecretarios y titulares del ramo).

Y, bueno, el tema ha vuelto a tomar fuerza por los cambios maquilados desde San Lázaro a la normatividad. Entre los aspectos más relevantes están, primero, la salida de los funcionarios señalados en el párrafo anterior del catálogo de puestos sujetos al Sistema y, segundo, al hecho de que cambiarán los métodos de evaluación de aquellos que buscan ingresar al mismo (el artículo de Mauricio Merino anexado el día de ayer en este mismo espacio es bastante aleccionador al respecto).

Sin embargo, hay otros puntos, por ejemplo, la modificación del criterio de permanencia que se había aplicado a los funcionarios de libre designación. Así, aquellos que no han querido certificarse –es decir, realizar los exámenes correspondientes para obtener el nombramiento como funcionario de carrera—bajo diversos argumentos, a partir del próximo año tendrán que hacerlo porque el nuevo Reglamento de la Ley señala que, si al término de tres años no han obtenido su nombramiento, la plaza será sometida a concurso.

Como se puede apreciar en este brevísimo comentario, las novedades en la normatividad tienen puntos a favor y en contra. Por un lado, es bueno que se someta a todos los funcionarios que actualmente se encuentran en nómina a evaluaciones que garanticen –al menos en teoría—que los que ocupan los puestos son los mejores para ello. Por el otro, es bastante negativo el que se exente a los directores generales y sus homólogos de la Ley, ya que se convierten en un botín político que es bastante probable que reproduzca los vicios que se han querido erradicar a través del Sistema. También debe notarse que es posible que las evaluaciones ya no estén a cargo de CENEVAL, sino que ahora cada dependencia tendrá la libertad de elegir a la institución que realizará estas funciones.

En fin. El tema da para mucho. Los que deseen más información pueden acceder a la página de la Función Pública y buscar el nuevo Reglamento de la Ley.