Defender al dueño

Carlos Elizondo Mayer-Serra

Los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) pretenden aumentar su salario un 16 por ciento más. Su sindicato, el SME, ha emplazado a huelga a la empresa para lograrlo. Tienen todo el derecho a desear un mayor ingreso, quién no. Pero sería injusto que el gobierno les autorice un centavo de aumento. Este año se le van a transferir más de 30 mil millones de pesos de recursos fiscales a la empresa. Este subsidio crece cada año y los diputados lo firman sin reparo, casi con alegría. Unos colchones caros en el sexenio pasado fueron un gran es- cándalo. Está bien que así sea. Mucho peor escándalo debiera serlo el gastar en este subsidio más del presupuesto combinado de la UNAM y de la UAM para una empresa que provee un servicio eléctrico malo y caro. Empresas similares en otros lugares del mundo ganan dinero. No se les subsidia.

Hay una razón central que explica la necesidad de darle dinero: el exceso de personal, la baja productividad de los mismos y la joven edad de retiro de los trabajadores. Para quien quiera ver el tamaño del desastre, el libro de César Hernández, La reforma cautiva, lo documenta bien.

Habría que preguntarle a las decenas de miles de capitalinos atrapados el día miércoles por una falla más de LyFC si desean seguirla subsidiando. O a quienes viven con cortes de energía frecuentes o ven fundidos sus aparatos eléctricos porque en el siglo XXI la empresa no logra dotarnos de energía continua y de calidad; o más absurdo aún, a quienes no pueden abrir una empresa o inaugurar un desarrollo de viviendas por falta de servicio eléctrico. En cualquier lugar del mundo la empresa querría más clientes, no menos.

El gobierno debe preguntarle sobre todo a los dueños de LyFC, es decir, a todos nosotros, si queremos seguir subsidiando las ineficiencias y abusos de la empresa y de sus trabajadores con nuestros bolsillos, con nuestros impuestos. Cuando los trabajadores de una empresa del gobierno ganan derechos laborales no es justicia social si la empresa pierde dinero. Es un robo a los ciudadanos que pagan más impuestos o reciben menos servicios. Cuando una empresa privada paga de más a sus trabajadores el dueño pierde de su bolsa y cuando no le queda dinero quiebra. Ahí termina el problema. Cuando la empresa es del gobierno no quiebra fácilmente. Simplemente nos sacan más dinero cada año.

El sindicato de LyFC, el SME, es uno de los principales abanderados contra las reformas en el sector energético. Dicen hacerlo por profundo patriotismo; por no querer entregar la energía a los horrendos extranjeros y a los perversos empresarios. Evidentemente es un pretexto para no verse afectados en sus cómodos derechos laborales. Si son tan patrióticos que se comprometan a hacer de LyFC una empresa rentable. No pedir aumentos salariales y más derechos laborales, sino trabajar más, con flexibilidad, con pensiones como las que se tienen en el resto del país. Simplemente trabajar como en tantas empresas similares en el mundo que ganan dinero vendiendo más barato que LyFC.

Una parte de la izquierda, abanderada por López Obrador, argumenta que no se puede tocar al sector energético ni con el pétalo de una rosa. La solución es inyectarle más dinero, en el caso de LyFC, aumentar el subsidio. No hacerlo es parte de un plan siniestro. Cualquiera reforma es "reaccionaria" y "vende patrias".

Hay reformas energéticas que pueden ser consideradas de derecha y vende patrias. Pero hay otras que nos darían a los mexicanos una mejor organización en el sector, que nos permitirían una energía más barata y a un menor costo fiscal, así como un mucho mejor aprovechamiento de nuestras reservas de hidrocarburos.

Lo que es reaccionario y vende patrias es seguir subsidiando a LyFC, darle mala electricidad y cara a los mexicanos, tener una empresa petrolera con exceso de personal y pensiones absurdas, que invierte mucho, pero de forma poco eficiente, que no puede explotar las aguas profundas del golfo por no saber cómo, mientras que otras empresas estatales, como Petrobras, sí pueden, aunque del lado de Estados Unidos. Una empresa que debe asumir todo el riesgo de los proyectos complejos, algo que no hace ninguna empresa seria del mundo, que siempre busca compartirlos. La ley mexicana en el sector es más restrictiva que la de Cuba o la de Irán. Con esto no ganan los dueños de las empresas, nosotros los mexicanos, sino los sindicatos de las empresas energéticas y los contratistas acostumbrados a una red de ineficiencias y corrupciones.

Ya es hora de que el gobierno defienda los intereses del contribuyente, dueño de LyFC. Nada de aumentos salariales. Se requiere implementar un plan para retirarle el subsidio y volverla rentable a la brevedad y sin subir los precios.

A 70 años de la expropiación de la industria petrolera es buen momento para hacer de nuestras empresas estatales verdaderas empresas de clase mundial, no secuestradas por trabajadores y contratistas. No se trata de venderlas. No es la solución. Sino darles los incentivos, como el caso de Petrobras, propiedad del gobierno pero flotada en Bolsa y con competencia, para que puedan operar como verdaderas empresas que generen riqueza a favor de todos nosotros, los accionistas.