Septiembre

Publicado en El Guardián en septiembre 9, 2006

JMB

La semana que hoy concluye ha sido definitiva en la historia contemporánea de este país. Lo que hemos observado en los últimos días tendrá fuertes efectos en nuestra manera de concebir la política, las instituciones y la democracia. Sin duda, no han sido menores los acontecimientos de este septiembre lluvioso. Por su importancia es conveniente repasar de manera breve algunas de sus implicaciones.

En primer término, el viernes 1 de septiembre concluyó una etapa dentro del presidencialismo mexicano. Por primera vez el Ejecutivo Federal no pudo rendir su Informe de Gobierno ante los miembros del Congreso. De hecho, ni siquiera pudo leer un mensaje político debido a la toma de la tribuna de San Lázaro por parte de los legisladores del PRD.

Es probable que el método no haya sido el más conveniente. Sin embargo, el punto es que este hecho ha roto una añeja tradición que de republicana cada vez tenía menos. La ceremonia de rendición de cuentas del estado que guarda la administración pública nacional había derivado, año con año, en una especie de espectáculo en el que lo más importante no era conocer y confrontar los datos duros sobre la situación del país, sino hacer alarde de inconformidad o de disciplina en las curules.

Desde aquellas maratónicas sesiones en las que el 1 de septiembre era un día de fiesta nacional que paralizaba cualquier tipo de actividad, hasta las nuevas prácticas de protesta aderezadas con orejas de burro y máscaras de cerdo, el formato del Informe había mostrado signos de agotamiento. ¿De qué sirve que los partidos expresen sus opiniones y fijen sus posiciones si la persona a la que van dirigidas no se encuentra presente? ¿Qué utilidad tienen las interpelaciones si el formato de la ceremonia impide el debate?

La exhibición que observamos hace unos días deberá cambiar de manera radical la idea que se ha tenido sobre la relación entre poderes, la presentación de informes de la gestión pública y las reglas a seguir por parte de los actores.

En segundo término, el martes 5 de septiembre se cerró el proceso electoral presidencial y, al mismo tiempo, se abrió una nueva etapa política cuyo destino es incierto. Ese día el Tribunal Electoral presentó el dictamen por el que validó los comicios del 2 de julio y declaró presidente electo al candidato del PAN, Felipe de Jesús Calderón.

Por su carácter de definitivo e inatacable, este veredicto da por cosa juzgada las presidenciales, a pesar de que los miembros de la Coalición por el Bien de Todos han especulado con trasladar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Lo que llama la atención de este asunto ha sido la argumentación de los magistrados para justificar su decisión. Palabras más, palabras menos (porque al final todo se ha ubicado en el terreno legal, ese que sólo los más avezados conocen a la perfección), lo que ha dicho el Tribunal es que el proceso tuvo visos de irregularidad, en especial por las declaraciones del presidente y por la publicidad negativa tanto de los partidos políticos como de algunos actores externos, pero que estas anomalías no tuvieron las dimensiones de gravedad que pusieran en duda la elección.

Para el ciudadano común esto no es sino abonar el terreno de la confusión o al menos de la duda. Las instituciones están reaccionando a toro pasado. Se sabía que dichas acciones estaban fuera de la legalidad –o al menos en su límite—pero nadie intervino a tiempo para evitar un problema mayor. Los promocionales estuvieron al aire aún cuando ya existían reglamentaciones y criterios para evitar su difusión. Esto refuerza la hipótesis de que lo que realmente ha fallado en este proceso no han sido las instituciones electorales en su totalidad, sino las personas que las encabezan.

Otro asunto que llama la atención ha sido el señalamiento del Tribunal de que no se puede saber a ciencia cierta el efecto que tuvo la guerra sucia desatada en los medios de comunicación. Es decir, no se ha podido cuantificar el impacto tanto negativo como positivo de las campañas que emprendieron el PAN, la Coalición y el Consejo Coordinador Empresarial en la opinión pública al momento de emitir su voto.

Al respecto, diversas encuestadoras han establecido un criterio diferente. De acuerdo a declaraciones de María de las Heras, los métodos de medición de las preferencias electorales podrían haber servido como referente de las repercusiones de dichas campañas. Lo anterior tiene sentido cuando se recuerda que durante el primer semestre de este año todos los mexicanos estuvimos sometidos a un escrupuloso e incisivo proceso de monitoreo de nuestras opiniones respecto a los candidatos y los partidos. Cada mes, cada semana, cada día, cada hora aparecían encuestas que nos daban un reporte puntual de las variaciones de opinión de los mexicanos. Al parecer, la verdadera utilidad de estos ejercicios estadísticos sólo fue establecerse como una moneda de cambio para la especulación.

La resolución del Tribunal ha abierto de manera simultánea un proceso que no sabemos en dónde vaya a terminar. Un importante sector de la población ha desconocido el fallo y está dispuesto a continuar las acciones de resistencia civil que ha planteado su líder. Otra porción acata el resultado, pero desconfía de todas sus instituciones. El presidente electo subirá al poder con apenas un tercio de electores a su favor.

De hecho, afirmar que "subirá al poder" es aventurado por lo que ha sucedido el 1 de septiembre en el Congreso. Si seguimos por este camino, lo de la semana pasada habrá sido sólo un ensayo de lo que sucederá el próximo 1 de diciembre.

La duda es, entonces, si Felipe de Jesús Calderón no puede recibir la banda presidencial debido a un bloqueo de legisladores o por la carencia del quórum de legisladores necesario para llevar a cabo dicha ceremonia, ¿quién será el próximo presidente de México?