La desconfianza

Jorge Chabat

La relación México-Esta-dos Unidos en las últimas décadas ha estado caracterizada por una gran desconfianza de parte del gobierno estadounidense hacia el gobierno mexicano. Esta desconfianza tiene su origen en la incapacidad histórica mexicana para funcionar sin corrupción y con respeto a los derechos humanos, de la cual existen muchos ejemplos, como el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena, ocurrido en México en 1985.

Más allá de qué tanto la imagen de corrupción endémica se apega a la realidad, lo cierto es que este estereotipo está tan arraigado en la clase política estadounidense como el estereotipo del americano imperialista está arraigado en nuestra clase política. Esta percepción es lo que explicaría las propuestas de condicionamientos de parte del Senado de Estados Unidos para otorgar la ayuda contemplada en la Iniciativa Mérida.

Dichos condicionamientos son muy generales y apenas si contemplan mecanismos concretos de aplicación, pero ponen el acento en dos temas que tradicionalmente han complicado la cooperación bilateral: la corrupción y los abusos de derechos humanos.

De acuerdo a la información que se conoce, el Senado habría propuesto que los policías y militares mexicanos apoyados con los fondos de la Iniciativa Mérida fueran ajenos a violaciones de derechos humanos, que los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por miembros del Ejército fueran transferidos a cortes civiles, que se establezca en México un banco de datos de policías y militares para su escrutinio y que se refuerce la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. De acuerdo a dicha información, la Secretaría de Estado debería entregar un reporte al Senado de Estados Unidos en el cual se confirmara que existen en México los procedimientos de escrutinio para asegurar que las fuerzas policiacas y militares que reciban los fondos de la Iniciativa Mérida no están involucradas en violaciones a los derechos humanos o corrupción.

Como se puede apreciar, ninguna de las condiciones puestas por el Senado suena descabellada. ¿Quién en México se puede oponer a que la policía y el Ejército respeten los derechos humanos y no cometan actos de corrupción? No obstante, los condicionamientos han sido rechazados al unísono tanto por el gobierno de Calderón como por todos los partidos políticos.
Al parecer, el único punto en el que se puede encontrar consenso entre las fuerzas políticas es el rechazo a todo lo que huela a intervención estadounidense. Ahora bien, aunque dicha actitud no es de extrañar en el PRI y el PRD, sí llama la atención que el PAN, partido que durante muchos años ha insistido en el combate a la corrupción y en el respeto a los derechos humanos, así como el gobierno panista de Calderón recurran a la vieja retórica priísta en contra de cualquier intento del exterior por tocar estos temas.

Y es muy probable que esta pri-ización del gobierno de Calderón tenga que ver más con la política interna que con la relación con Estados Unidos. Es obvio que en estos momentos de polarización nacional, un pleito adicional del presidente Calderón con el PRI y el PRD complica aún más el ya complicado panorama de negociación de la reforma energética.

Adicionalmente, un conflicto con Estados Unidos por casos de corrupción o de abusos de derechos humanos por parte de las fuerzas encargadas de combatir al narco también puede generar fricciones del gobierno de Calderón con dichas fuerzas, en particular el Ejército, lo cual ciertamente no es el mejor escenario para el gobierno federal.

Más allá de cuál sea el desenlace de tan traída y llevada Iniciativa Mérida, lo que es claro es que en algunos sectores políticos de Estados Unidos sigue habiendo una gran desconfianza hacia el gobierno mexicano. Eso es lo que llama la atención.

Es obvio que esta desconfianza tiene raíces históricas reales, pero también es evidente que, a pesar de los problemas que todavía subsisten en México, ha habido avances importantes en los temas de corrupción y derechos humanos. No obstante, parece que todavía seguimos atrapados en el pasado. En Estados Unidos se piensa que estamos en 1985 y en México se piensa que seguimos en 1847. Y mientras, el narco echa porras al nacionalismo mexicano.