Hugo Chávez, del autoritarismo al totalitarismo

Joaquim Ibarz

No hay frenos que detengan a Hugo Chávez. El Congreso levantó la mano y dejó al presidente bolivariano que conduzca a Venezuela a su libre voluntad, por esa vía sin retorno hacia un destino incierto que bautizó como "socialismo del siglo XXI", un experimento gaseoso sin precedentes en la democracia latinoamericana que cada vez más se identifica con el camino al totalitarismo.

Los poderes ilimitados que le concedieron los diputados –todos sin excepción-, le permiten a Chávez cambiar todos y cada uno de los aspectos de la vida política, económica, social y administrativa de Venezuela. Nada queda fuera del alcance irrestricto de su voluntad arbitraria, ni siquiera la vida particular del ciudadano. En cualquier compra que realiza un venezolano en un comercio formal, por obligación debe dar su nombre y el número de carnet de identidad, datos que quedan registrados. Por ello, una amiga caraqueña de este cronista nos comentó que "ya estoy harta de que Chávez sepa de mí hasta la marca de los pintalabios y de la ropa íntima que compro".

Estamos frente a una concentración total de poder que Chávez no quiere compartir ni siquiera con sus correligionarios, lo que explica la estrategia de la Ley Habilitante (que le otorgó un cheque en blanco para legislar por decreto durante 18 meses) en un país de Congreso monocolor, con todos los legisladores partidarios del gobierno.

"Chávez inaugura una modalidad de control absoluto del poder en el marco de una legalidad democrática y con el aplauso de buena parte de la población. Lo novedoso es que se trata de una tiranía popular", comenta Tulio Hernández, analista político y profesor de la Universidad Central de Venezuela.

El "socialismo del siglo XXI" que Chávez dice querer implantar es un término intencionalmente vago y confuso. Resulta de una mezcla ideológica que el octogenario ex comunista Luis Miquilena, mentor político del presidente y factotum de la Asamblea que redactó en 1999 la Constitución Bolivariana, calificó de "menestrone (sopa de verduras) que no tiene asidero ni doctrina de ninguna naturaleza, ni teoría en que fundamentarse".

"El gobierno no se atiene a ninguna regla, tiene todas las características de un gobierno dictatorial, un autoritarismo hipócrita para poder mantener cierta vigencia en el mundo actual", afirma Miquilena. Quien fuera ministro del Interior cuando Chávez llegó al poder en 1999 asegura que "el gobierno está ahíto de poderes, tiene en sus manos todas las riendas de la administración, ya no existen las instituciones". Según Miquilena, "Chávez no necesita una ley habilitante para gobernar por decreto porque ya hace lo que le da la gana".

Con la ley habilitante, Chávez acumula poderes que darían envidia a cualquier monarca absoluto del siglo XVI y a muchos dictadores de tiempos más recientes. El analista Carlos Blanco subraya que el presidente venezolano busca la destrucción de las instituciones, de la educación, de los medios de comunicación, de la Iglesia, de la descentralización, del Ejército, de la petrolera estatal Pdvsa, del Banco Central de Venezuela (BCV), de los empresarios, de los sindicatos, de los partidos y de las organizaciones ciudadanas. No se trata de destruir "lo malo", no se busca enmendar errores, sino de exterminar los soportes institucionales, sociales, económicos, familiares y emocionales de los venezolanos. "Los torturadores saben que hay que dejar las luces encendidas permanentemente para que la víctima pierda las nociones de tiempo y espacio", apunta Carlos Blanco.

Un régimen autoritario controla de manera absoluta al Estado. Un régimen totalitario controla de manera absoluta al Estado y, también, a la sociedad. Venezuela marcha en esa dirección. El control se da a través del dominio absoluto sobre instituciones fundamentales como Pdvsa, Fuerzas Armadas y el BCV, además de las ramas del poder público nacional, regional y municipal. El paso hacia el totalitarismo, que se aceleró con la ley habilitante, culminará con la reforma de una Constitución populista de corte militar, que fue hecha a medida de Chávez.

El régimen chavista se diferencia de cualquier dictadura clásica por su origen electoral y por cierta, aunque decreciente, libertad de expresión. Se trata de un autoritarismo de última generación. En otras palabras, no suprime instituciones pero las secuestra, no asesina periodistas y líderes disidentes pero los enjuicia y apresa. Con el anuncio de cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) elimina a uno de los pocos medios que aún se mantenían críticos e intimida a todos los demás, que se han abocado a una creciente autocensura. La decisión irrevocable de desechar las peticiones llegadas de todo el mundo para que no se cierre el canal opositor RCTV es un aviso de lo que le espera a una prensa cada vez más controlada y regulada.

Con Chávez de caudillo azuzando a las masas, la seguridad jurídica es nula para la inversión extranjera y para los empresarios venezolanos que no se sometan a las leyes revolucionarias. No habrá un decreto que dé por "abolida" la propiedad privada y nacionalice los medios de producción, pero se hostiga a los inversores y se acotan y atropellan los derechos de propiedad privada y la libertad de empresa. En fin, se destruye la democracia utilizando sus propios mecanismos: leyes, sentencias, mayorías parlamentarias, convenios internacionales, etc.

Para llevar adelante este esquema es esencial el sometimiento del aparato judicial. Todo régimen autoritario usa leyes y tribunales para conseguir sus objetivos. Siempre habrá algún artículo que sirva para recubrir un delito. Esto explica el control total y abierto de los tribunales venezolanos.

Chávez se da el lujo de no perseguir directamente a sus adversarios; para ello se sirve de jueces obsecuentes. Le interesa convertir la disidencia política en delincuencia política. La imagen que desea transmitir es que los opositores no son sancionados por pensar diferente sino por cometer delitos penados expresamente en leyes existentes o en otras, construidas a la carrera.

Ante la llegada de esa nebulosa versión de socialismo, muchos ven el fantasma de Cuba agitarse sobre Venezuela. Pero no se comparte la idea de que Chávez intente implantar un régimen comunista, semejante al que existe en la isla caribeña. A pesar de los temores, los analistas coinciden en que aunque Chávez sostenga una retórica igualitaria al estilo de Fidel, Venezuela no será una nueva Cuba. "Venezuela es muy diferente a Cuba, pero sí habrán elementos del sistema cubano que van a estar presentes. Chávez ya ha sugerido que en esta nueva etapa se va a tender a nacionalizar la educación y la salud", explica el analista y columnista político Alberto Garrido.

Más que un comunismo a la cubana, que los venezolanos difícilmente aceptarían, se trataría de instaurar un régimen identificado con el totalitarismo tropical, con un líder populista que controla todos los poderes del Estado, dispone de amplios recursos financieros que proporciona el petróleo y goza de altos índices de popularidad. Sin oposición que lo frene, de momento Chávez buscará la manera de gobernar con autoritarismo, pero sin que lo acusen de dictador, como ya hizo la prensa brasileña en su última visita a Lula da Silva.

El ex ministro y ex candidato presidencial Teodoro Petkoff, director del diario "Tal Cual", dice que "no sería exagerado afirmar que la cristalización de esos procesos en curso así como de otros ya anunciados por Chávez, puede desembocar en una especie de totalitarismo ligh, o sea, sin gulags o Auschwitz, pero bajo el escudo de un fuerte aparato policial y militar y con el miedo y la adulación permeando todo el cuerpo social".

El vicepresidente de la República, Jorge Rodríguez, anticipa que, si se vieran "trazos dictatoriales" en esta nueva etapa, serían los de una "dictadura de la democracia verdadera, que se instaura para siempre en Venezuela". Nadie sabe lo que quiso decir con ese galimatías pero esas palabras suenan inquietantes. Dentro de tantas dudas, la única certeza es que el régimen de Chávez nada tiene que ver con una visión moderna del socialismo que se fundamenta en la ampliación y profundización de la democracia.

Luis Vicente León. director de la firma Datanálisis, dice que como el modelo económico chavista provoca "muchas incertidumbres", no se puede predecir el futuro. En su opinión, los últimos anuncios de nacionalización, restringidos por ahora al sector petrolero, a las empresas de servicio público y a un aeropuerto privado, representan una recaída en el populismo convencional, del que está muy repleta la historia venezolana. "Las consecuencias de este populismo son predecibles: ineficiencia, corrupción, crisis, pérdida de aceptación, frenazo de la revolución y vuelva a comenzar", advierte Luis Vicente León.

Aún antes de aprobarse la nueva reforma constitucional, todas las instituciones venezolanas ya fueron metódicamente destruidas. El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Moral y el Poder Electoral son dependencias sumisas, humilladas e incondicionales de la voluntad omnímoda del caudillo. Por su parte, la casta militar ya no sirve al Estado, sino que está al servicio personal del presidente, como si se tratara de una guardia pretoriana. Y de ahí arranca la política de militarización sistemática, que desplaza y sustituye a la Venezuela civil. La masiva presencia de uniformados hace perder los valores de la civilidad en las esferas oficiales y en la administración pública, para convertirse en un territorio en donde se manda, ordena y obedece sin apelación. La militarización del Gobierno se transmite a la sociedad, que sigue el mismo patrón de sometimiento, de ausencia de deliberación, de militarización de actitudes, valores y hasta del lenguaje.

Para lograr el control militar, Chávez diseñó un plan con el objetivo de desaparecer los valores fundamentales del Ejército. Ni jerarquía ni disciplina ni obediencia fundada en los rangos, sino una institución dividida entre quienes comparten el proyecto del presidente y quienes, activa o pasivamente, se le oponen. Una Fuerza Armada convertida en eje político del proceso actual y transformada en una suerte de ejército miliciano.

Tal como escribió en su día el reputado historiador Jorge Olavarría, para lograr el sometimiento del Ejército, "Chávez tenía que desmontar y destruir la estructura institucional de las Fuerzas Armadas, como un cuerpo disciplinado, apolítico, al servicio del Estado democrático y no de una persona". Lo consiguió a un ritmo acelerado con las mayores purgas militares de la historia venezolana.

Un número importante de oficiales se dejaron seducir. Las herramientas de persuasión fueron, y son, poderosas. La ampliación del horizonte profesional, con prebendas y empleos muy bien retribuidos que les ofrecía el Estado era una tentación que muy pocos uniformados podían resistir. Con ello, el Ejercito, le vendió su alma al diablo. La historia de América Latina está llena de regímenes militares que se consolidaron con la creación de masivos sistemas de corrupción.

Chávez logró su propósito de destruir en parte una de las instituciones –las Fuerzas Armadas- que tenían mayor prestigio en la sociedad venezolana y que a lo largo del siglo XX había evolucionado de las montoneras y del partido armado que fue en el siglo XIX a ser una fuerza militar disciplinada, con una elevada capacitación técnica y profesional. "Esa fue la punta de lanza para la conversión del Ejército en un partido, involucionando y regresando de esta manera al modelo de la fuerza armada del siglo XIX", señaló hace ya tres años el desaparecido Jorge Olavarría.

En la Venezuela de Chávez, las instituciones ni son democráticas ni son autónomas y no actúan con independencia. La empresa, más preocupada por mantener sus haberes, tiene encima de sí un cerco confiscatorio que amenaza con su desaparición. Un cerco aplicado por un gobierno que está amparado por leyes vagas y discrecionales, que permiten la libre interpretación y facilitan las sanciones arbitrarias de jueces complacientes que actúan dentro de un sistema de justicia al servicio del Big Brother.