Optar por lo mejor

Mauricio Merino

Según los cómputos finales realizados por los 300 consejos distritales del Instituto Federal Electoral, el candidato Felipe Calderón Hinojosa obtuvo 243 mil 934 votos más que el candidato Andrés Manuel López Obrador. Pero el primero aún no es presidente electo. Para confirmar su triunfo, todavía debe concluir el cómputo definitivo y la calificación que hará el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de resolver todas las impugnaciones que presenten los partidos en contra del proceso electoral en curso. Y eso ocurrirá en el transcurso de los próximos dos meses, tal como lo establece la legislación vigente.

La coalición Por el Bien de Todos ha anunciado ya que impugnará los resultados de todos los distritos y que pedirá al Tribunal Electoral que abra nuevamente los paquetes para volver a contar voto por voto. Desde su punto de vista, el recuento que hizo el IFE a partir de las actas de casilla no está reflejando los datos reales contenidos en las urnas. Esa coalición afirma que los votos efectivamente emitidos le favorecen y que el recuento efectuado por los consejos distritales fue incorrecto, pues muchas de las actas computadas no contenían datos veraces. Por su parte, el candidato del PAN no sólo se ha proclamado ya como el futuro presidente de México, sino que en su momento desafió a su adversario principal a confrontar acta por acta (que no voto por voto), pues desde la noche misma del 2 de julio dijo tener la más absoluta certeza de haber ganado la elección. Ambos saben, sin embargo, que la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral y que éste tomará la decisión que juzgue más correcta en función de los argumentos jurídicos y de las pruebas que cada uno esgrima.

Tengo para mí que este proceso electoral ha sido exitoso, excepto por la calidad y el flujo de la información ofrecida por el IFE a partir del final de la jornada electoral. Cuando todos esperábamos los datos duros derivados del conteo rápido, nos dieron una explicación sobre las razones para mantenerlos en reserva. Pero al día siguiente, esas razones ya no fueron válidas y entonces se hizo público el contenido de esa muestra y de sus interpretaciones estadísticas. Y cuando todos pensábamos que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) había cerrado con más de 98% de las actas recibidas, nos enteramos de que ese porcentaje no reflejaba el universo total de las casillas y que, al día siguiente, se agregaron más de 2 millones y medio de votos que no habían sido capturados oportunamente. El resultado de esos dos titubeos fue la construcción de una enorme confusión en la opinión pública. De ahí el apremio de los consejos distritales por terminar lo más pronto posible con el cómputo de las actas de casilla, a efecto de ofrecer un dato finalmente confiable. Pero cuando ese dato llegó el jueves pasado, el argumento de la alteración de actas que enarboló la coalición encabezada por López Obrador ya había sido ampliamente difundido entre la sociedad y la confianza en los resultados ya se había puesto en entredicho.

El manejo errático de la información puso en jaque, lamentablemente, la calidad y la eficacia con la que se llevó a cabo la organización electoral en su conjunto.

La responsabilidad de concluir este proceso electoral de manera impecable pasará ahora al Tribunal Electoral, tal como lo prevé la ley. Y será esta instancia jurisdiccional quien decidirá si las dudas creadas por el mal manejo de la información se mantienen por el resto de la historia o si se resuelven de manera diáfana. Como bien se sabe, en nuestra legislación electoral sólo hay tres instancias que pueden contar físicamente los votos emitidos: los funcionarios de casilla, que lo hacen al concluir la votación de la jornada y consignan sus datos en un acta electoral; los consejos distritales, que pueden volverlos a contar si encuentran errores, imprecisión o inexactitud en las actas levantadas u observan la evidente alteración de alguno de los paquetes; y el Tribunal Electoral, que puede hacerlo si hay razones para volver a abrir las urnas y cerciorarse plenamente de su contenido.

Después de esta última instancia, nadie más puede volver nunca a revelar el contenido de esas urnas y los votos se destruyen. Así, en caso de que hubiera quedado alguna duda, ésta ya no podría resolverse jamás, pues la evidencia para probarla o desecharla se habría extinguido.

Desde las elecciones aciagas de 1988 no se había presentado en México una duda tan extendida sobre el verdadero contenido de las urnas. En aquel año, el PAN respaldó al Frente Democrático Nacional que había postulado a Cuauhtémoc Cárdenas como su candidato a la Presidencia, en su reclamo legítimo de volver a contar los votos para aclarar dudas y resolver el resultado con certeza y objetividad. Pero ahora que el recuento apoyado en actas le ha ofrecido el triunfo, el PAN ha cambiado de postura y hoy se niega a hacer lo mismo que pidió entonces, a pesar de tener la más absoluta seguridad de haber ganado. Si este mismo criterio prevaleciera en las decisiones tomadas por el Tribunal Electoral, los mexicanos habríamos concluido el proceso electoral de 2006 preguntándonos, sin tener ninguna posibilidad histórica de obtener una respuesta: ¿qué habría pasado si los votos se hubieran contado nuevamente?

La democracia mexicana no se merece una vuelta al pasado. Ni las movilizaciones postelectorales indignadas ni los alegatos jurídicos levantados para impedir que se sepa la verdad, deberían volver a tener sitio en nuestra realidad presente. Ambas posturas dañaron a México durante décadas y no debería existir ninguna razón válida para repetirlas, cuando existe la oportunidad y la instancia para evitarlo.

El Tribunal Electoral podría hacerle un enorme servicio a la consolidación democrática de México, aclarando en definitiva las confusiones que se produjeron al final de la jornada electoral y desmontando, con toda la evidencia indiscutible que estará en sus manos, cualquier argumento que pretenda oponerse a la voluntad de los electores, lisa y llanamente expresada en los votos que se depositaron en las urnas.

En estas horas de incertidumbre, lo mejor para nuestra democracia todavía frágil sería zanjar para siempre toda sospecha sobre el resultado electoral, voto por voto. Ojalá así sea.

Profesor investigador del CIDE