2010

JMB

Un uso y costumbre muy mexicano es estallar conflictos sociales cada 100 años. En efecto, algo muy de lo nuestro, muy nacional, es reavivar la crispación un siglo sí y otro también. Para comprobar lo anterior ahí tenemos a 1810 con el inicio del movimiento de Independencia, así como a 1910 con el arranque de la Revolución. La historia no registra como años significativos a 1710 ni a 1610 pero, bajo estos antecedentes, es muy probable que algo relevante haya sucedido también en esas épocas.

Más allá de esta aproximación simplista, la situación política actual del país no nos asegura, por otra parte, que la paz y la estabilidad sea el signo de los próximos años. El conflicto poselectoral que hemos experimentado desde la noche del 2 de julio, cuando el Consejero Presidente del IFE, Luis Carlos Ugalde, anunció que no podía anunciarse a un ganador de las presidenciales, ha ido creciendo peligrosamente, simulando el efecto de una bola de nieve que cae de una pendiente.

Cada semana hay algo que agregar al tema. Al principio fue el llamado al “pueblo” a la Plaza Mayor. Luego, las impugnaciones ante el Tribunal Electoral. Después, la estrategia de movilización mediante la “resistencia pacífica”. A últimas fechas el endurecimiento de las posiciones mediante una escalada de amenazas verbales. Manuel Espino, presidente nacional del PAN, reafirma que López Obrador es un peligro para México, mientras que éste último reta al Ejecutivo Federal a que siga los pasos de “Díaz Ordaz y (Victoriano) Huerta”. Todo aderezado con las imágenes de tanquetas en las inmediaciones del Congreso.

El asunto, como ya puede irse concluyendo a estas alturas, no se trata al 100 del diseño institucional mexicano, el mismo que nos ha costado tanto tiempo y dinero dárnoslo. El punto está en la bajísima calidad de nuestra clase política. Las personas son las que están siendo ineficaces en todo este proceso.

Sin embargo, aún pueden vislumbrarse algunos escenarios que ayuden a destrabar esta situación. Uno de ellos tiene que ver directamente con el ejercicio de conteo adicional de algunos colegios electorales la semana pasada. A través de la decisión del Tribunal, más de 11 mil paquetes electorales fueron abiertos para saber qué fue lo que realmente sucedió ahí.

De acuerdo a los reportes periodísticos, y dando la razón a varios análisis que así lo preveían, las diferencias fueron mínimas respecto a las cifras definitivas de la elección. Es decir, contrario a lo que se esperaba, los reajustes no propiciaron una voltereta espectacular ni una evidencia contundente e irrefutable de comicios fraudulentos. En contraste, lo que sí ha generado ha sido la acumulación de pequeñas inconsistencias que, de manera lógica, han sembrado más dudas respecto a lo que pasaría si se abrieran los 120 mil paquetes restantes.

Es aquí donde se abre una nueva posibilidad de solución. El Tribunal Electoral está posibilitado para ordenar un nuevo conteo que amplíe el universo de casillas revisadas. En una palabra, puede pedir mayores datos para comprobar los argumentos de unos y otros.

Los que saben del tema electoral afirman que la presencia de inconsistencias e irregularidades no son exclusivas de este proceso. Entre funcionarios del IFE existen anécdotas –que bien pueden considerarse como tragicómicas—respecto a la manera en que los mexicanos contamos nuestros votos. Y esto, debe aclararse, no tiene ningún sentido peyorativo. Sólo es algo que existe y que, como tal, es necesario conocer.

Por ejemplo, en algunas zonas del país el hecho de que una persona cruce varios o todos los recuadros en su boleta es considerado “normal”, ya que los funcionarios de casilla interpretan este hecho como la decisión del ciudadano por darle su voto a “todos”. Asimismo, cuando una boleta aparece en blanco, suele pasar que los funcionarios consideren que lo que realmente pasó no fue el rechazo del ciudadano a todas las opciones, sino sólo un ligero descuido, por lo que le “ayudan” a votar por algún partido.

El punto radica en que estas pequeñas inconsistencias, tanto las ingenuas como las francamente amañadas, tiene un límite en el conteo final. Esto lo saben los actores políticos, entre otros, Arturo Núñez, ex Consejero Presidente del IFE, senador electo por la Alianza por el Bien de Todos y personaje cercano a López Obrador.

De esta forma, una alternativa consiste en que el Tribunal decida abrir más paquetes con la intención de llegar a ese punto de estabilidad en el que las irregularidades sean nulas o intrascendentes. Así, sin llegar a un recuento total “voto por voto”, pero también sin quedarnos en una muestra demasiado pequeña, la revisión del proceso electoral tendría argumentos más sólidos para garantizar un veredicto contundente.

Algo así como una decisión salomónica intermedia que dotaría de mayor legitimidad al próximo presidente, al tiempo que, en caso de no ser nombrado López Obrador, desactivaría las motivaciones que presenta para seguir en “resistencia civil, o bien, en “desobediencia civil”, tal y como lo ha anunciado hace unos días.

El factor tiempo, en este caso, también sería reformulado. El Tribunal podría pedir una prórroga para dar su veredicto final, por lo que la hipotética fecha límite ya no sería el miércoles 6 de septiembre de 2006, sino la víspera de diciembre de este año.

Así las cosas, aún la moneda está en el aire. Algunos puntos críticos se aproximan, por ejemplo, la instalación de la LX Legislatura y el Sexto Informe de Gobierno el próximo 1 de septiembre, así como la confluencia del desfile militar y de la Convención Democrática en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 16 de septiembre.

Ya veremos si lo que está pasando en estos días es el verdadero pacto fundacional de este país a futuro, o bien, si sólo son los preparativos para rendir culto a ese uso y costumbre muy nacional que consiste en arreglar las cosas a balazos cada 100 años.